Este informe inicial, que comprende el periodo entre el 16 de marzo y el 12 de mayo de 2026, ofrece un análisis cuantitativo y cualitativo sobre el impacto de la comunicación tóxica, los discursos ofensivos o de odio, y las violencias basadas en género en las plataformas Facebook y X. Con base en una muestra priorizada de 7.228 publicaciones, el documento expone cómo las dinámicas de estigmatización y los ataques basados en orientación sexual e identidad de género amenazan la calidad del debate público y la participación política en condiciones de igualdad dentro del entorno democrático digital.

El informe analiza avances, barreras y desafíos en la garantía de condiciones de igualdad y no discriminación durante el proceso electoral, identifica brechas entre el diseño institucional y su implementación efectiva, y formula recomendaciones orientadas a fortalecer la participación político-electoral de estas poblaciones de cara a las elecciones de Presidencia y Vicepresidencia de la República de 2026. Este ejercicio hace parte del compromiso de la MOE con la inclusión, la equidad electoral y el fortalecimiento de la democracia en Colombia.

A un año de la entrada en vigencia de la Ley, la MOE analiza su puesta en marcha en un contexto marcado por recientes procesos electorales y la proximidad de nuevas jornadas democráticas. El informe analiza avances institucionales, desarrollos normativos y retos persistentes relacionados con la articulación interinstitucional, la disponibilidad de información sistematizada y la traducción efectiva de las disposiciones legales en respuestas operativas para la protección de los derechos políticos de las mujeres.

Este ejercicio hace parte del compromiso de esta organización con la garantía de una vida política libre de violencias para las mujeres, el fortalecimiento de la participación democrática y la consolidación de condiciones de equidad e inclusión en el sistema político colombiano.

El marco regulatorio para los partidos políticos ha evolucionado para enfrentar este desafío. Un primer hito fue la Ley 1475 de 2011, que estableció requisitos fundamentales para la participación de las mujeres al introducir principios de igualdad y equidad de género, así como cuotas mínimas de representación. Un avance significativo posterior es la Ley Estatutaria 2453 de 2025, la cual profundiza y concretiza las responsabilidades de las organizaciones políticas frente a la VCMP. Esta nueva ley establece medidas específicas para prevenir, atender, rechazar y sancionar este tipo de violencia, y otorga un plazo de seis (6) meses para que los partidos y movimientos políticos adecúen sus estatutos, códigos de ética y procedimientos internos a las disposiciones de la norma estatutaria.

Este documento se enfoca específicamente en las obligaciones que la Ley Estatutaria 2453 de 2025 establece para las organizaciones políticas. El diagnóstico realizado comprende 27 organizaciones con personería jurídica que disponían de documentación pública. Para ello, se revisaron sus estatutos y códigos de ética, y se complementó el análisis con el estudio de protocolos públicos, así como con las respuestas enviadas a las solicitudes de información formuladas por la MOE.

La MOE considera completamente desafortunadas, por discriminatorias, estigmatizantes y misóginas, la calificación a las mujeres periodistas como “muñecas de la mafia”, realizada por el presidente Gustavo Petro el pasado 30 de agosto en Nuquí, Chocó, en el marco de la posesión de Iris Marín como la primera mujer Defensora del Pueblo de Colombia.

La Misión de Observación Electoral recuerda que “el lenguaje utilizado por los líderes políticos, y en especial por el Presidente de la República, tiene un peso significativo y puede influir en el clima de opinión pública. Por lo tanto, es imprescindible que se utilice un lenguaje que promueva el respeto, la inclusión y la protección de los derechos humanos, evitando expresiones que puedan ser interpretadas como discriminatorias, misóginas o que fomenten la violencia simbólica, especialmente en un contexto como el colombiano en donde el ejercicio periodístico ha estado históricamente marcado por amenazas, agresiones y, en muchos casos, la pérdida de vidas”.

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Laura Espinosa, Comunicaciones Misión de Observación Electoral -MOE. 3228989406

digital@moe.org.co

Mujeres y hombres deben gozar de los mismos derechos, obligaciones y oportunidades. Ya sea en el ámbito privado o público, todos y todas deberíamos tener igualdad de condiciones en cuanto a influencia y acceso al poder. Los movimientos sociales liderados por mujeres han sido la herramienta para alcanzar una sociedad equitativa, para pasar de las palabras a la acción, tanto en lo político, como en la vida cotidiana.

Como parte de esta campaña, la MOE desarrolló una serie de productos audiovisuales enfocados en conversar con liderazgos políticos LGTBIQ+ de Colombia sobre las barreras y desafíos a los que se enfrentan las personas diversas en el país.

Así, la MOE pudo dialogar con destacados personajes de la vida política nacional, que han sido pioneros en la representación política de las personas diversas, como Juan Daniel Oviedo, concejal y candidato a la Alcaldía de Bogotá; Mauricio Toro, excongresista y Sara Paola Caicedo, lideresa trans y edilesa del municipio de Soacha, Cundinamarca.

De igual forma, durante la marcha, la MOE socializó con la ciudadanía el ‘Protocolo para promover medidas que garanticen el derecho al voto de las personas trans (transgénero, transexuales y travestis) en igualdad de condiciones y libre de discriminación’, implementado en el 2020 por el Consejo Nacional Electoral, a través de la Resolución No. 3480 de 2020.

Reviva la intervención de Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE, en la audiencia pública

Bogotá D.C., 06 de mayo de 2024. Para la Misión de Observación Electoral – MOE, la Sentencia C-136 de 2024 de la Corte Constitucional valida medidas que mejoran, aunque aún de forma insuficiente, las garantías para la participación política de las mujeres en paridad. 

Como elementos positivos de la sentencia, destaca el aumento en la participación obligatoria de las mujeres en cargos directivos y de máximo nivel decisorio del Estado, que pasaron del 30% al 50%. Asimismo, el establecimiento de la participación paritaria entre hombres y mujeres en las delegaciones oficiales internacionales. 

No obstante, el hecho que en las listas de candidaturas donde se elijan menos de cinco curules se incluya la postulación obligatoria de solo una mujer, si bien constituye un avance, ya que actualmente la cuota de 30% de mujeres solo aplica a las listas donde se elijan cinco o más curules, esta disposición marca una diferenciación injustificada de las mujeres en política en las distintas regiones del país. 

En la Sentencia C-136 de 2024, la Corte Constitucional reconoció que, si bien las medidas de cuotas a favor de las mujeres han contribuido a aumentar su participación en la vida política y en el Estado, no han logrado alcanzar el objetivo de la paridad. Esta situación persiste debido a los prejuicios que cuestionan la capacidad de las mujeres para desempeñar cargos directivos y de representación, así como a la desigualdad en la distribución de las labores de cuidado entre hombres y mujeres. Para Alejandra Barrios, directora de la MOE, “estas barreras se ven agravadas por la violencia política que enfrentan las mujeres. Por ejemplo, en comparación con el año 2019, donde se reportaron 106 casos de violencia contra lideresas sociales, políticas y comunitarias, en 2023 se observó un aumento del 66.98%. Este incremento refleja una preocupante tendencia de violencia dirigida hacia las mujeres que ocupan roles de liderazgo”.

Por estos motivos, la MOE considera que la Corte Constitucional debió examinar con mayor profundidad la medida incluida en el proyecto de ley sobre la conformación de listas de candidaturas. Esto, a fin de garantizar la aplicación efectiva de los principios progresivos de paridad, alternancia y universalidad establecidos en la Constitución, tal como lo destacó el magistrado Antonio José Lizarazo en su aclaración de voto.

Aunque esta iniciativa, de ser sancionada como ley, podría ofrecer mayores oportunidades para la participación política de mujeres en departamentos donde se eligen menos de cinco curules a la Cámara de Representantes, como Cesar, Casanare, Guaviare y Guainía, estas medidas son insuficientes, pues por un lado, marcan una diferencia de trato injustificada que no fue analizada por la Corte. Aunado a ello, la experiencia ha demostrado que el la cuota de 30% de candidatas ha sido insuficiente. Por ejemplo, a pesar de que en Norte de Santander las listas a la Cámara de Representantes deben cumplir con esta cuota, desde 1991 ninguna mujer ha sido elegida como Representante a la Cámara. Lo anterior evidencia la necesidad de adoptar la paridad como principio de participación, así como que a la par, otros elementos como la violencia contra las mujeres en política, deben también ser objeto de análisis para que las medidas implementadas sean efectivas.

En la actualidad, la Corte Constitucional se encuentra revisando tanto el proyecto de ley estatutaria que establece medidas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en la política como el Código Electoral. La MOE hace un llamado para que, con motivo de estos exámenes, especialmente en la revisión del Código Electoral, la Corte Constitucional pueda avanzar en garantizar una participación política paritaria para las mujeres en las corporaciones públicas. Esto es crucial, dado que el marco normativo actual solo ha permitido que las mujeres integren el 29,59% del Congreso de la República (87 mujeres de 294 congresistas, incluyendo 54 representantes a la Cámara y 33 senadoras), así como el 24,54% del poder regional conformado en 2023.