En esa línea, la MOE ha desarrollado Lupa Contractual Electoral, una plataforma especializada para el monitoreo de los contratos celebrados para la organización de elecciones en Colombia. Esta herramienta, alimentada con datos oficiales del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), permite visibilizar los procesos de contratación que sustentan la operación electoral, tales como la logística para la inscripción de candidaturas, la adquisición de kits electorales, tecnologías biométricas, servicios de transporte, comunicaciones, entre otros. Además, el repositorio constituye una fuente clave para el análisis de la contratación electoral desde una perspectiva longitudinal y comparativa, al incluir información detallada sobre los oferentes, las modalidades contractuales, los tiempos de convocatoria y los bienes y servicios adquiridos en el marco de elecciones nacionales y subnacionales, desde 2007.

A partir del monitoreo realizado en Lupa Contractual Electoral, la MOE presenta la Bitácora de contratación electoral – Elecciones Congreso y Presidencia 2026, siendo esta la primera entrega. En esta serie de documentos, se registrará cada contrato celebrado por la Organización Electoral cuyo objeto haga parte de la logística electoral de los próximos comicios de Congreso y Presidencia 2026, incluyendo una ficha resumen con las principales características del contrato, una descripción del proceso de selección y una breve reseña del contratista adjudicatario.

Así, desde la labor de la MOE se promueve la veeduría ciudadana y facilita que actores interesados analicen de forma independiente el uso del gasto público y la gestión administrativa frente a los contratos celebrados en ocasión de las elecciones. Además, esta información permite no solo identificar cuellos de botella, riesgos o buenas prácticas en el ciclo contractual, sino también fortalecer la planeación, ejecución y vigilancia de los procesos electorales.

Contrato 012 de 2026 – Apoyo Misión de Observación Internacional

La Misión de Observación Electoral (MOE) presenta la Bitácora de Contratación Electoral: Apoyo Misión de Observación Internacional (CTO-CNE 012/2026), un análisis especializado sobre la gestión logística, técnica y operativa adelantada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones de Congreso y Presidencia 2026. A través del monitoreo realizado en la plataforma Lupa Contractual Electoral, el informe examina la contratación directa interadministrativa celebrada con la Agencia Logística de Cundinamarca para la gerencia integral de la misión internacional, la cual alcanzó un valor total de $7.645.287.727 COP, tras las adiciones presupuestales requeridas para atender ambas vueltas presenciales.

Plan de medios – Registraduría Nacional del Estado Civil

La duodécima entrega de la Bitácora de Contratación Electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE) presenta el monitoreo y análisis realizado a los procesos contractuales de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) y del Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones de Congreso y Presidencia de 2026. El informe se centra en la estrategia de comunicación institucional de la RNEC, que incluyó la suscripción de 17 contratos mediante la modalidad de contratación directa por un valor de $36.872 millones de pesos, distribuidos entre medios tradicionales, digitales y plataformas de telecomunicaciones para campañas de pedagogía e inscripción de cédulas. Asimismo, la publicación ofrece un consolidado general con corte al 30 de junio de 2026 que registra 35 contratos logísticos y tecnológicos que superan los $2,77 billones de pesos.

Contrato 028 de 2025 – Herramientas de inspección y vigilancia

El Consejo Nacional Electoral -CNE- celebró el Contrato No. 028 de 2025 para diseñar, desarrollar e implementar una solución tecnológica orientada, que comprenda el desarrollo de la relatoría de la Corporación, la analítica en redes sociales que permita el seguimiento, monitoreo y análisis del comportamiento digital de actores políticos, campañas, partidos y movimientos durante el proceso electoral, así como la gestión y control de resultados electorales que apoyen las etapas de consolidación, verifi cación y análisis de los comicios electorales, la cual contará con los recursos tecnológicos y mecanismos de seguridad informática institucional, con el fin de garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información procesada por el Consejo Nacional Electoral.

Contrato 021 de 2026 – Autenticación biométrica

La Registraduría Nacional del Estado Civil -RNEC- celebró el Contrato No. 021 de 2026 para contratar la prestación de servicios de ampliación, actualización y reconfi guración del motor biométrico ABIS-MBSS, incluyendo la provisión e integración de dispositivos de captura facial avanzada, para la identifi cación biométrica facial de los ciudadanos para los procesos electorales de Congreso de la República y de Presidente y Vicepresidente de la República en la vigencia 2026.

Contrato 100 de 2025 – Bien y servicio electoral: vigilancia a escrutinios

La Registraduría Nacional del Estado Civil -RNEC- celebró el Contrato No. 100 de 2025 en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Ley 1010 de 2000, norma que le asigna como misión fundamental garantizar la organización y transparencia de los procesos electorales, así como la oportunidad, confiabilidad y veracidad de los escrutinios y de los resultados electorales, actuando con estricta neutralidad y objetividad en aras del fortalecimiento del sistema democrático. En desarrollo de esta misión, corresponde a la RNEC definir y ejecutar las políticas, planes, programas y estrategias necesarias para la adecuada organización y vigilancia electoral, lo cual implica la adopción de medidas técnicas, tecnológicas, administrativas y logísticas orientadas a asegurar el correcto desarrollo de todas las etapas del proceso electoral.

Contrato 034 de 2025 – Acreditación de testigos, observadores y auditores

Esta solución integral —tecnológica y logística— apoya la postulación, acreditación y validación de testigos electorales, observadores y auditores de sistemas, garantizando la participación efectiva de partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en los mecanismos de vigilancia electoral. Esta herramienta busca fortalecer los procesos de control y seguimiento durante las consultas interpartidistas y las elecciones de Congreso y Presidencia de 2026, contribuyendo a la transparencia, legitimidad y confianza ciudadana en las jornadas de votación y en los escrutinios.

Contratos 098 de 2025 (Registraduría Nacional del Estado Civil) y Contrato 035 de 2026 (Consejo Nacional Electoral) – Auditoría externa

El servicio de auditoría externa se refiere a un proceso evaluativo de carácter técnico, tecnológico y logístico, en el marco del seguimiento y control en la ejecución de contratos y sus modificaciones. La auditoría e interventoría deben ser externas, ya que realizan la trazabilidad de los contratos celebrados en el contexto de los comicios. Además, debe estar presente en las tres (3) etapas del proceso electoral: preelectoral, electoral y postelectoral.

Contrato 066 de 2025 – Alquiler de Corferias

Este servicio se trata del arrendamiento de un área suficiente para la realización de las diferentes actividades que conlleven el desarrollo de los procesos electorales a celebrarse en las vigencias de 2025 y 2026. El área arrendada se dispone para tres procesos electorales: (i) elecciones de Consejos Locales de Juventud 2025 (19 de octubre de 2025), (ii) las elecciones de Congreso de la República 2026-2030 (8 de marzo de 2026) y (iii) la primera vuelta de las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República 2026-2030 (31 de mayo de 2026).

Contrato 060 de 2025 – Consolidación de resultados

El objeto contractual es una solución para la consolidación y divulgación nacional de resultados electorales preliminares (preconteo) en Colombia, bajo la supervisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC). Su propósito es recibir, validar, procesar y publicar de manera automática, segura y efi ciente los datos provenientes de los centros departamentales de preconteo, garantizando la transparencia y accesibilidad de la información a nivel nacional durante los procesos electorales de: Consejos Municipales y Locales de Juventud 2025, Congreso de la República y Presidencia 2026. Lo que se contrata es un paquete completo de servicios y tecnología para gestionar el flujo de información electoral.

Contrato 057 de 2025 – Transporte aéreo

El contrato No. 057 de 2025 fue adjudicado mediante Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica el 13 de agosto de 2025 a la empresa Recio Turismo S.A., por un valor total de $4.710.990.504, incluido IVA. Su objeto es el suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales para el desplazamiento del personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil, tanto en el ejercicio de funciones ordinarias como para la ejecución de los procesos electorales de Congreso, Presidente y Vicepresidente de 2026.

Contrato 049 de 2025 – Solución integral

Mediante la Selección Abreviada No. 03 de 2025, la RNEC adjudicó a la UT ILE 2026, un contrato por valor de $2.124.806.917.129 COP, con el fin de implementar una solución integral logística, tecnológica, informática y de servicios, orientada a garantizar el desarrollo eficiente y seguro de los procesos electorales de Consejos Municipales y Locales de Juventud de 2025 y de Congreso y Presidencia de 2026.

Contrato 047 de 2025 – Seguro de vida colectivo

La celebración del contrato 047-2025 permite a la Registraduría Nacional del Estado Civil garantizar el aseguramiento a la vida de los supernumerarios. La Unión Temporal BMI Colombia Compañía de Seguros de Vida S.A. – Compañía Mundial de Seguros S.A. fue la entidad adjudicataria del contrato.

Contrato 030 de 2025 – Transporte aéreo

La Registraduría Nacional del Estado Civil celebró el contrato 030 de 2025 con la empresa JE TOURS S.A.S. para el suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales durante el año 2025. Este servicio permite el traslado oportuno de servidores públicos y contratistas que participan en las actividades operativas de los procesos electorales. Consulte los detalles relacionados en esta primera entrega.

Bogotá D.C., julio 17 de 2026. La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó el balance del seguimiento realizado a la actividad del Congreso de la República durante el periodo constitucional 2022-2026, a través de su plataforma Lupa Legislativa. El informe examinó 277 iniciativas legislativas (83 proyectos de acto legislativo y 194 proyectos de ley) en siete áreas clave para la democracia: sistema de partidos, elecciones y participación, inclusión y diversidad, reformas al Congreso, transparencia y control social, función pública y enfoque territorial.

De estas iniciativas, 25 (9 %) fueron aprobadas por el Congreso; 223 (80,5 %) fueron archivadas; 19 (6,8 %) se acumularon con otros proyectos; y diez (3,6 %) continuaban en trámite al finalizar el periodo. 

Al respecto, Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE, señaló que «el principal desafío no consiste en radicar un número importante de proyectos, sino en construir reformas técnicamente sólidas y democráticamente deliberadas. Hubo una agenda extensa y diversa. No obstante, el Congreso enfrentó una alta fragmentación y una baja capacidad para conformar consensos que permitieran la aprobación de proyectos  estructurales que fortalecieran el sistema político-electoral”.

El informe también advierte que el país mantiene pendiente la expedición de un nuevo Código Electoral. Aunque el Congreso aprobó una reforma integral durante la legislatura 2022-2023, la Corte Constitucional la declaró inexequible por vicios de procedimiento, problemas que ya habían llevado a la caída de la reforma anterior. Para Frey Muñoz, subdirector de la MOE, “esta situación demuestra que la modernización de las reglas electorales exige no solo mayorías políticas, sino también el cumplimiento estricto de los requisitos constitucionales y una deliberación legislativa suficiente”.

En materia de inclusión política, el informe evidenció avances importantes para la garantía de la participación de las mujeres. Entre ellos se destacan la Ley 2424 de 2024, que elevó al 50 % la participación mínima de las mujeres en cargos de máximo nivel decisorio del poder público; la Ley 2436 de 2024, que creó la licencia de maternidad para las mujeres en política; y la Ley Estatutaria 2453 de 2025, que estableció un marco para prevenir, atender y sancionar la Violencia Contra las Mujeres en Política (VCMP).

Sin embargo, los avances no fueron homogéneos. La agenda legislativa sobre juventudes permaneció rezagada. Al respecto, Danilo Sepulveda, coordinador del componente de Inclusión y Diversidad señaló que “ninguna de las iniciativas legislativas en materia de participación juvenil completó su trámite. Es particularmente preocupante que no se avanzara en la reforma al Estatuto de Ciudadanía Juvenil, una actualización urgente ante los desafíos que enfrentan quienes integran los Consejos de Juventud, así como por los vacíos del proceso electoral que volvieron a evidenciarse en las elecciones de octubre de 2025″.

Por otro lado, la MOE evaluó de manera específica la actividad legislativa de los 16 representantes elegidos por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP). Durante el cuatrienio, los representantes de las víctimas participaron como autores o coautores de 47 iniciativas legislativas, entre ellas la Ley 2535 de 2026 que prorrogó la vigencia de los municipios PDET.

Finalmente, la MOE advirtió que el próximo Congreso recibirá una agenda democrática abierta y con desafíos de gran alcance. Al respecto, Barrios Cabrera afirmó: «indiscutiblemente, uno de los temas que se tiene que abordar en el Congreso que se instala el próximo 20 de julio es la reforma al Consejo Nacional Electoral. Por otro lado, en cuanto a las organizaciones políticas, se tiene que regular todo lo correspondiente a coaliciones, fusiones y escisiones. Finalmente, la MOE considera inaplazable la revisión de las normas para las consultas internas de los partidos.  Necesitamos tener partidos políticos democráticos con reglas claras». 

Del total de iniciativas, 83 fueron proyectos de acto legislativo y 194 proyectos de ley: 100 ordinarios, 59 estatutarios y 35 orgánicos. Veinticinco iniciativas fueron aprobadas por el Congreso; sin embargo, una de ellas —la reforma al Código Electoral— fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. En consecuencia, el resultado normativo efectivo estuvo compuesto por 22 leyes y dos reformas constitucionales, equivalentes al 8,66 % de los proyectos estudiados. Por su parte, 223 iniciativas, correspondientes al 80,51 %, fueron archivadas.

El informe identifica avances en descentralización, inclusión política, funcionamiento del Congreso y fortalecimiento institucional, pero también evidencia la persistencia de reformas pendientes en materia política y electoral, transparencia, financiación de campañas, participación de poblaciones históricamente subrepresentadas y rendición de cuentas. Asimismo, señala dificultades en la actualización y trazabilidad de la información legislativa. El balance muestra que el principal desafío no consiste en aumentar el número de proyectos radicados, sino en construir reformas técnicamente sólidas, democráticamente deliberadas, transparentes y efectivamente implementables.

A partir de la aplicación de tres modelos analíticos —incluida la metodología histórica de atipicidades de la MOE—, la investigación demuestra que el comportamiento del voto rural respondió principalmente a dinámicas organizativas locales, identidades históricas y liderazgos territoriales. Los análisis estadísticos revelaron coeficientes de determinación cercanos a cero y demostraron que, incluso en zonas bajo control armado hegemónico, se registraron triunfos contundentes de opciones ideológicamente opuestas a los grupos dominantes, lo que desvirtúa la hipótesis de una alineación electoral impuesta por la fuerza. Asimismo, las escasas atipicidades detectadas en el Cauca corresponden a procesos de alta cohesión social y representación sociológica de comunidades étnicas, y no a coerción armada.

Finalmente, el informe destaca que el crecimiento sostenido de la participación electoral rural, que alcanzó un histórico 64,39 % en la jornada de 2026, refleja un proceso de movilización democrática, apropiación de las urnas y mayor acceso electoral, más que un reflejo de presiones armadas. Con este estudio, la MOE hace un llamado urgente a superar las narrativas estigmatizantes sobre el campo —como la generalización del «voto fusil»— para, en su lugar, reconocer la autonomía política de las comunidades y garantizar plenamente las condiciones de seguridad y libertad para sus decisiones democráticas en los territorios.

El documento ofrece un conjunto de recomendaciones orientadas a fortalecer el funcionamiento de la Subcomisión. Hace énfasis en la definición integral de su alcance, la adopción de reglas claras de operación y la priorización de asuntos críticos como el subregistro de información, la atención a la violencia digital y la creación de rutas interinstitucionales. Asimismo, expone la agenda de actividades que la MOE adelantará durante el segundo semestre de 2026, la cual incluye el establecimiento de alianzas territoriales para las Elecciones de Autoridades Locales de 2027, la producción de un manual práctico sobre violencia digital y acciones de incidencia legislativa y judicial.

Bogotá D.C., 9 de julio de 2026. La Misión de Observación Electoral (MOE) celebró la la instalación y primera sesión de la Subcomisión de Vigilancia, Control y Seguimiento de la Violencia Contra la Mujer en la Política, que hace parte de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales (CNSE).

“La puesta en marcha de esta Subcomisión es absolutamente prioritario para el país. Al ser el único mecanismo diseñado para articular la respuesta del Estado frente a la violencia contra las mujeres en política, garantizar su continuidad y fortalecimiento progresivo no es un asunto accesorio, sino una condición necesaria para avanzar decididamente en la garantía del derecho de las mujeres a una participación política libre de violencias”, aseguró Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE.

Con el objetivo de robustecer el funcionamiento de la Subcomisión, la MOE formuló un conjunto de recomendaciones metodológicas para su operación. En primer lugar, sugirió la adopción de un plan de trabajo con indicadores que permitan hacer seguimiento a la violencia contra las mujeres en política de manera integral, es decir, que no se limite a lo electoral, sino que se extienda a ejercicio de cargos públicos, la vida interna de los partidos y los escenarios de participación ciudadana.

Asimismo, la organización recomendó concentrar esfuerzos en la consolidación de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL) como sistema unificado e interoperable de información, la creación de rutas de atención interinstitucionales con enfoque territorial y el robustecimiento de las medidas de protección con enfoque de género.

La observación electoral también anunció el desarrollo de actividades técnicas concretas orientadas a sumar esfuerzos con el Estado de cara a las Elecciones de Autoridades Locales de 2027. Entre ellas están la producción de una guía didáctica sobre violencia digital y rutas de denuncia, dirigida especialmente a las mujeres candidatas a los comicios de 2027; y acciones de incidencia en los escenarios legislativo y judicial en materia de violencia contra la mujer en política.

«Es urgente concentrar esfuerzos institucionales para atender la violencia digital contra las mujeres en política. El anonimato, la viralización y la ausencia de rutas claras de denuncia facilitan que estas agresiones se normalicen y queden sin respuesta. Es una violencia que viene en aumento sin que exista aún una estrategia clara para enfrentarla», enfatizó Danilo Sepúlveda, coordinador de Inclusión y Diversidad de la MOE. 

A propósito, en el monitoreo a la conversación digital de la campaña presidencial realizado por la MOE, PNUD Colombia y la FLIP, a través del sistema eMonitor+; se identificaron 241 publicaciones que constituyen posibles manifestaciones de violencia política contra la mujer. Estas incluyeron insultos de connotación sexual, descalificaciones por la apariencia física, señalamientos a la emocionalidad como falta de idoneidad para el poder y representaciones que niegan la autonomía política de las mujeres. Este tipo de agresiones se agravan al cruzarse con otras formas de discriminación como el racismo y la homofobia.

Finalmente, la MOE reiteró su total disposición para brindar acompañamiento técnico continuo a la Subcomisión y a aportar insumos que defiendan la integridad democrática en el país.

Bogotá D.C., 3 de julio de 2026. La Misión de Observación Electoral —MOE— presentó su Informe Preliminar correspondiente a la segunda vuelta de las elecciones a la Presidencia de la República, celebrada el 21 de junio. El documento, elaborado a partir del monitoreo técnico e independiente hecho por la organización, entre el 1º y el 25 de junio, ofrece un balance integral sobre el contexto político-electoral, las condiciones de competencia, la conversación digital y el proceso de escrutinio.

“En este informe resaltamos la solidez operativa y la precisión técnica en el procesamiento de la voluntad ciudadana. También alertamos ciertos temas que nos parece que merecen una atención especial, por ejemplo, la degradación del debate público, la opacidad en estrategias publicitarias paralelas y la persistencia de focos de violencia contra líderes políticos y la prensa en los territorios”, dijo Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE.

La MOE destacó la rapidez y avance en el proceso de preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Los ejercicios de observación que realizó la organización permiten concluir que el proceso de preconteo y el escrutinio definitivo coincidieron en más de un 99,99 %, lo que demuestra un alto nivel de simetría técnica y trazabilidad.

Asimismo, los análisis estadísticos basados en modelos aplicados desde 2007 permitieron descartar que, en estas elecciones, la presencia o el accionar de grupos armados ilegales haya alterado de forma estructural el resultado de la votación. “A lo largo del proceso electoral, la MOE recibió distintos reportes de actos de control social y constreñimiento por parte de grupos armados. No obstante, los estudios realizados muestran que la atipicidad estadística y la alta participación en zonas de conflicto reflejan para este proceso electoral altos grados de cohesión e identificación ciudadana, y no la subordinación a las armas” explicó Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político-Electoral de la MOE.

De otra parte, la organización hizo énfasis en una tendencia marcada a trasladar la contienda desde los escenarios tradicionales de debate programático hacia controversias jurídicas de alto impacto mediático. “Durante el periodo entre la primera y la segunda vuelta se evidenció el uso recurrente de acciones judiciales y la formulación de denuncias como herramientas de proselitismo, con un efecto significativo en el debate público al amplificar la confrontación política en medios de comunicación y redes sociales”, señaló Frey Alejandro Muñoz, subdirector de la MOE.

En relación a la conversación digital, a partir de una revisión automatizada de las publicaciones recolectadas por el sistema eMonitor+, implementado por la MOE, PNUD Colombia y la FLIP, el monitoreo identificó un deterioro progresivo de la misma durante la segunda vuelta presidencial. “En los días previos y durante la jornada electoral, la hostilidad escaló del insulto y la descalificación hacia narrativas de criminalización, deshumanización y estigmatización del adversario, incluidas expresiones constitutivas de discursos ofensivos o de odio por razones de género y pertenencia étnico-racial”, advirtió Danilo Sepúlveda, coordinador de Inclusión y Diversidad de la MOE. 

Asimismo, el informe indica que se intensificaron narrativas de fraude y desconfianza electoral que reforzaron un clima de polarización y contribuyeron a presentar la contienda electoral como una disputa existencial entre sectores políticos, atravesada por cuestionamientos generales a la legitimidad del proceso y de sus resultados.

En cuanto a las afectaciones violentas en contra de liderazgos, la MOE identificó que estas se registraron en 29 departamentos, concentrándose en Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá. De manera particular esta organización condenó de forma particular y vehemente el asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta el pasado 6 de junio, hecho que puso en evidencia el riesgo para el libre ejercicio periodístico en el país. 

En materia de observación electoral con enfoque diferencial, la MOE resaltó que, salvo algunos casos puntuales, la jornada brindó condiciones para el ejercicio del derecho al voto de personas trans y personas con discapacidad. “Sin embargo, persisten retos que requieren atención por parte de la organización electoral, especialmente en la inclusión de estos sectores en la organización del proceso, el fortalecimiento de la capacitación sobre trato digno en los puestos de votación y la garantía efectiva de medidas que permitan votar sin barreras ni discriminación”, aseguró Sepúlveda.

La organización formuló recomendaciones con miras a los comicios locales de 2027. En particular, para la retroalimentación con los actores interesados a través de la realización de mesas técnicas conjuntas para el diseño de los documentos y materiales electorales, incluidos los afiches informativos y los formularios E-14. Asimismo para el fortalecimiento tanto de la capacitación brindada a jurados electorales, como de los controles de ingreso y permanencia en los puestos para garantizar el principio de neutralidad (no uso de distintivos partidistas) desde la apertura de las urnas hasta el cierre de las votaciones.

Frente a la participación de funcionarios públicos en política, el subdirector de la MOE, Frey Alejandro Muñoz destacó, entre las diferentes recomendaciones que contiene el informe, la necesidad de que el Congreso emita una Ley Estatutaria para brindar claridad y certeza respecto de los límites a de la intervención de los funcionarios públicos, especialmente los de la rama ejecutiva, en el marco del debate político y electoral.

La MOE reiteró su agradecimiento a las 34 coordinaciones regionales de la organización, a los miles de observadores y observadoras, a las agencias de cooperación internacional y las organizaciones colombianas que respaldan su labor técnica, rigurosa e independiente. “Nuestro trabajo sería imposible sin su compromiso”, concluyó Barrios.

El informe se divide en dos partes. La primera analiza el contexto político y electoral de la segunda vuelta, abordando temas como la instrumentalización de mecanismos jurídicos con fines políticos, las afectaciones por violencia, la desinformación, la intervención indebida en política y los reportes ciudadanos recibidos a través de Pilas con el Voto. La segunda presenta un balance de la jornada electoral y del proceso de escrutinio, los principales hallazgos de la observación en terreno, un análisis de los resultados electorales —incluyendo el contraste entre preconteo y escrutinios, y la relación entre la presencia de grupos armados y los resultados—, así como las conclusiones y recomendaciones derivadas del ejercicio de observación electoral.

A través de este tablero interactivo la ciudadanía puede vigilar el origen y el destino de cada peso reportado por las campañas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) mediante el aplicativo “Cuentas Claras”. El objetivo principal de esta herramienta es facilitar el análisis de la información de ingresos y gastos de cada una de las campañas.

La organziación Transparencia por Colombia también desarrolló un tablero de datos que permite ver las cifras agregadas de total de ingresos y total de gastos. En esta herramienta se puede desagregar la información por tipos de aportantes, tipos de gastos e incluso, ver de manera desagregada como se están invirtiendo los recursos en propaganda electoral.

En este enlace lo puede consultar: https://transparenciacolombia.org.co/transparencia-en-las-elecciones-2026/

Segunda vuelta presidencial

Guía de interacción

1. Seleccione una candidatura

En la parte superior derecha encontrará el filtro «Candidatura».

• Si no selecciona ninguna candidatura, el tablero mostrará la información consolidada de las dos campañas.
• Si selecciona una de las dos candidaturas, todos los gráficos, indicadores y tablas se actualizarán automáticamente para mostrar únicamente la información correspondiente a esa campaña.

2. Explore el detalle de los gastos

Una vez haya seleccionado una candidatura, puede consultar el detalle de cada tipo de gasto.

En la tabla «Gastos», haga clic sobre el tipo de gasto que desea analizar (por ejemplo, Propaganda Electoral o Gastos de Administración).

Al hacerlo:

• La tabla «Prestador del servicio» mostrará únicamente los prestadores del servicio asociados a ese tipo de gasto.
• También se visualizará el valor pagado a cada uno de ellos.

3. Cambie de tipo de gasto

Si desea consultar otro tipo de gasto, primero debe deseleccionar el filtro actual.

Para ello, haga clic nuevamente sobre el tipo de gasto que estaba seleccionado y, posteriormente, seleccione el nuevo tipo de gasto que desea consultar.

4. Restablezca el tablero

Cuando termine la consulta o desee cambiar de candidatura, haga clic en el botón «Borrar filtros», ubicado en la parte superior del tablero. Este botón elimina todos los filtros aplicados y devuelve el tablero a su estado inicial, mostrando nuevamente la información consolidada de ambas candidaturas.

Primera vuelta presidencial

Guía de interacción

El tablero es 100% dinámico. Cada vez que se aplica un filtro, todos los gráficos se actualizan automáticamente para mostrar la información exacta.

1. Filtro por candidatura

Puede seleccionar uno o varios candidatos. Esto le permite comparar quién tiene más ingresos o quién está gastando más en tiempo real.

2. Filtro por tipo de gasto

Permite desglosar en qué áreas se concentra la inversión de una campaña. Al activarlo, se puede ver la lista de proveedoresvinculados a ese gasto específico.

3. Reiniciar vista

Para volver al panorama general de todos los candidatos y montos consolidados, simplemente pulsa el botón «Borrar filtros» ubicado en la parte superior derecha.

Nota: Este tablero se actualiza de lunes a viernes con corte a las 9 a. m. de cada día.

La organización extiende su felicitación al senador electo Iván Cepeda y a la congresista electa para la Cámara de Representantes Aída Quilcué. Confiamos en que su labor en el legislativo contribuirá al fortalecimiento de los principios democráticos.

A lo largo de 16 meses de observación, la MOE acompañó de manera ininterrumpida los distintos hitos del calendario electoral, que incluyeron las elecciones al Congreso de la República, las consultas presidenciales, así como la primera y segunda vuelta presidencial. Este esfuerzo sostenido tuvo como objetivo velar por la transparencia, el acceso a la información y las plenas garantías para el ejercicio político de toda la ciudadanía.

Este trabajo fue posible gracias al compromiso, dedicación y rigurosidad de nuestras 34 coordinaciones regionales. Su presencia en 31 departamentos del país garantizó una mirada integral de la realidad electoral desde los territorios, lo que permitió recopilar datos precisos y objetivos.

La MOE también destaca y reconoce la articulación de los ministerios, las Fuerzas Armadas y las distintas instituciones del Estado que participaron activamente en la organización, logística y otorgamiento de garantías para llevar a cabo un proceso electoral seguro y sin sobresaltos en todo el territorio nacional.

Finalmente, la observación electoral invita a todas las organizaciones y liderazgos que participaron en esta contienda a dar un ejemplo de madurez política y de profundo arraigo en los valores democráticos. El cierre de las urnas marca el inicio de una etapa en la que el país debe propender por un ambiente político cimentado en el diálogo constructivo, el respeto mutuo y la búsqueda de consensos para el beneficio de toda la ciudadanía.