(Con información de enero 1 a diciembre 31 de 2024)
Resumen Ejecutivo
Durante el año 2024 la Misión de Observación Electoral (MOE) registró un total de 492 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales en Colombia. Aunque en términos generales este año presentó el menor número de registros desde que la MOE hace este monitoreo, los ataques letales, que incluyen asesinatos y atentados, ubicaron a 2024 como el tercer año más violento para este mismo periodo de tiempo. A pesar de la reducción en el número total de hechos de violencia, persiste una grave amenaza contra quienes ejercen roles de liderazgo en distintas comunidades del país.
En comparación con 2020 y 2023, la violencia contra los liderazgos disminuyó un 12,6% y un 34,2%, respectivamente. Sin embargo, los hechos letales solo mostraron una reducción del 7,6% frente a 2020 y del 9,2% respecto a 2023, lo que demuestra que la violencia persiste con altos niveles de letalidad. Las amenazas constituyeron el tipo de agresión más común, representando el 49,8% del total de los hechos, seguidas por los asesinatos y atentados, que en conjunto sumaron el 41,9% de los casos.
Los liderazgos políticos fueron los más afectados, con un total de 233 hechos de violencia. Este número representa un incremento del 37,1% en comparación con 2020, lo que refleja una preocupante tendencia de persecución contra quienes ejercen este rol. No obstante, al comparar con 2023, se observó una reducción del 54%, lo que sugiere que la violencia
contra liderazgos políticos es más alta en años electorales y disminuye parcialmente en los periodos siguientes. La mayoría de las agresiones contra estos liderazgos fueron amenazas, alcanzando el 60,9% de los registros. Es importante señalar que una gran proporción de estos hechos estuvo dirigida a personas que participaron en el proceso electoral de 2023.
Por su parte, los liderazgos sociales experimentaron una reducción del 54,6% en comparación con 2020 y del 14,5% respecto a 2023. A pesar de esta disminución, la violencia letal contra estos liderazgos aumentó un 8,3%. Cauca se mantiene como el departamento con la mayor cantidad de hechos letales en contra de los liderazgos sociales, una tendencia que ha persistido en los últimos años y que evidencia la dificultad para garantizar la seguridad en esta región.
Finalmente, los liderazgos comunales fueron víctimas de 112 hechos de violencia en 2024, lo que representó un aumento del 62,3% frente a 2020 y del 60% en comparación con 2023. En este caso, el 50,9% de las agresiones fueron letales, lo que convierte a este tipo de liderazgo en uno de los más vulnerables. Valle del Cauca fue el departamento con el mayor número de hechos registrados contra líderes comunales.
Sobre la distribución geográfica, los hechos de violencia se concentraron en 195 municipios pertenecientes a 28 departamentos. Los territorios más afectados fueron Valle del Cauca, Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Santander, los cuales acumularon el 51,8% de todas las agresiones registradas en 2024. En lo que respecta a violencia letal, Cauca registró 34
hechos, seguido de Valle del Cauca con 27 y Antioquia con 25. Estas cifras demuestran la persistencia del riesgo para los liderazgos en estas regiones, donde las dinámicas de conflicto armado y presencia de grupos ilegales mantienen una alta correlación.
En cuanto a las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz (CITREP), se documentaron 167 hechos de violencia en 67 municipios de 14 circunscripciones. De estos hechos, el 54,5% fueron ataques letales, lo que indica que estos municipios continúan siendo altamente vulnerables a la violencia contra liderazgos pues un tercio de la violencia registrada por la MOE ocurre en territorios CITREP. La mayor parte de las agresiones en estas zonas estuvieron dirigidas contra liderazgos sociales y comunales, reflejando los desafíos que enfrentan estas poblaciones en la implementación de medidas de seguridad efectivas.
El análisis también permite identificar una relación estrecha entre la violencia contra los liderazgos y la presencia de grupos armados ilegales. El 85,6% de los ataques contra líderes se llevó a cabo en municipios donde estos grupos tienen presencia activa. Cauca, Antioquia y Norte de Santander fueron los departamentos con mayores niveles de violencia letal vinculada a la presencia de estas organizaciones. La persistencia de la violencia en estos territorios pone en evidencia la necesidad de fortalecer articular las políticas de seguridad y protección, especialmente en aquellas zonas donde los grupos armados ilegales ejercen control territorial.
Por otro lado, la violencia contra liderazgos presenta características diferenciadas según el género y la pertenencia étnica de las víctimas. En 2024 se registraron 98 agresiones contra mujeres lideresas, de las cuales 13 fueron asesinatos y 9 fueron secuestros. A pesar de esta grave situación, la violencia letal contra las mujeres lideresas disminuyó un 48,6% en comparación con 2020.
En el caso de la comunidad LGTBIQ+, se documentaron 6 hechos violentos, de los cuales el 66,7% fueron letales, lo que evidencia una preocupante vulnerabilidad de estos liderazgos. Además, el 27,2% de los ataques estuvieron dirigidos a líderes de comunidades indígenas y afrodescendientes, con una alarmante tasa de letalidad del 72,5%. Este dato refleja la necesidad de adoptar enfoques diferenciales en las estrategias de protección, considerando factores como las particularidades territoriales y e ejercicio de liderazgo frente a su comunidad.
Además de la violencia dirigida contra liderazgos, la MOE registró un total de 2.494 hechos de violencia perpetrados por grupos armados ilegales en 2024, lo que representa un aumento del 54,6% en comparación con 2023. Cauca y Antioquia fueron los departamentos más afectados, concentrando el mayor número de acciones armadas y amedrentamientos. La violencia por parte de estos grupos se ha incrementado de manera constante en los últimos años, afectando tanto a la población civil como a las estructuras de liderazgo comunitario y político.
El panorama actual refleja que, si bien ha habido una reducción en la cantidad total de hechos violentos, la persistencia de ataques letales y la focalización de la violencia en ciertos territorios y liderazgos sigue siendo un desafío crítico para la protección de quienes ejercen funciones de liderazgo en el país. La continuidad de la violencia posterior a los procesos electorales, la incidencia de los grupos armados ilegales y la vulnerabilidad de ciertos sectores de la población requieren respuestas coordinadas y efectivas. Es necesario fortalecer las estrategias de protección, garantizar una mayor articulación entre las instituciones del Estado y las organizaciones de la sociedad civil, e impulsar medidas de prevención que permitan reducir la violencia selectiva en los distintos territorios del país, en este sentido, desde el trabajo de la Misión de Observación Electoral (MOE) se recomienda de manera general las siguientes actividades:
- Fortalecer los mecanismos de protección colectiva, complementando la protección individual de la UNP con estrategias comunitarias.
- Establecer desde la UNP acciones de intercambio de información con organizaciones de sociedad civil con el fin de iniciar de manera oficiosa los estudios de seguridad requeridos.
- Garantizar que las autoridades locales asuman un rol activo, priorizando laprevención y articulación interinstitucional.
- Adaptar medidas de protección al contexto de las comunidades, incluyendo sistemas de vigilancia, medios de comunicación y movilidad segura.
- Involucrar a la sociedad civil en la formulación de estrategias de protección, permitiendo la detección temprana de riesgos.
- Capacitar a líderes y funcionarios en derechos humanos y mecanismos de denuncia.
- Reforzar el enfoque diferencial en las políticas de protección, considerando factores de género, identidad étnica, orientación sexual y características del territorio.
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