En Colombia, ya es costumbre que durante cada proceso electoral y luego de su finalización, se discuta sobre los principales factores de la corrupción electoral, y posteriormente se pretenda corregir las vulnerabilidades de las instituciones y del sistema político a través de reformas constitucionales y legales. Este comportamiento reactivo, cíclico y que pareciera estar incrustado en nuestro ADN como sociedad, en algunos casos impide una reflexión más acertada para avanzar hacia el fortalecimiento real de nuestra democracia, que en muchos casos si amerita de reformas, pero en otros se logra a través de: la articulación de las autoridades y su disposición para investigar y sancionar los actos contrarios a la ley; la conexión del Estado con cada una de sus regiones; el compromiso de las organizaciones políticas para castigar el comportamiento delictivo de sus candidatos y una participación ciudadana informada y realmente libre de presiones.

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