A partir del 6 de marzo de 2025, la MOE dio inicio oficial a la observación electoral de cara a las elecciones de Congreso y Presidencia de 2026, en concordancia con el comienzo del calendario electoral. Como parte de este ejercicio, se realiza el monitoreo a los procesos de contratación de bienes y servicios electorales por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) y del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En esa línea, la MOE ha desarrollado Lupa Contractual Electoral, una plataforma especializada para el monitoreo de los contratos celebrados para la organización de elecciones en Colombia. Esta herramienta, alimentada con datos oficiales del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), permite visibilizar los procesos de contratación que sustentan la operación electoral, tales como la logística para la inscripción de candidaturas, la adquisición de kits electorales, tecnologías biométricas, servicios de transporte, comunicaciones, entre otros. Además, el repositorio constituye una fuente clave para el análisis de la contratación electoral desde una perspectiva longitudinal y comparativa, al incluir información detallada sobre los oferentes, las modalidades contractuales, los tiempos de convocatoria y los bienes y servicios adquiridos en el marco de elecciones nacionales y subnacionales, desde 2007.

A partir del monitoreo realizado en Lupa Contractual Electoral, la MOE presenta la Bitácora de contratación electoral – Elecciones Congreso y Presidencia 2026, siendo esta la primera entrega. En esta serie de documentos, se registrará cada contrato celebrado por la Organización Electoral cuyo objeto haga parte de la logística electoral de los próximos comicios de Congreso y Presidencia 2026, incluyendo una ficha resumen con las principales características del contrato, una descripción del proceso de selección y una breve reseña del contratista adjudicatario.

Así, desde la labor de la MOE se promueve la veeduría ciudadana y facilita que actores interesados analicen de forma independiente el uso del gasto público y la gestión administrativa frente a los contratos celebrados en ocasión de las elecciones. Además, esta información permite no solo identificar cuellos de botella, riesgos o buenas prácticas en el ciclo contractual, sino también fortalecer la planeación, ejecución y vigilancia de los procesos electorales.

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