• Entre enero y abril de 2025 se registraron 128 hechos de violencia, el 44,5 % contra liderazgos políticos y el 42,2 % fueron acciones letales, con alta concentración en zonas CITREP.
• La MOE propone articular el Plan de Garantías Electorales con las estrategias de paz y seguridad, activar el CORMPE y crear mesas de garantías con enfoque político y territorial.
• Se alerta sobre la radicalización del debate político y la desinformación digital, e insta al CNE a asumir un rol activo en la regulación y vigilancia de las campañas en plataformas digitales.

Bogotá D.C.,09 de junio de 2025. La Misión de Observación Electoral – MOE presentó el día de hoy su tercer informe de seguimiento ante la Comisión de Coordinación y Seguimiento a los Procesos Electorales. Este documento puso especial énfasis en la violencia ejercida contra liderazgos políticos, sociales y comunales en lo que va del 2025, y en el contexto del calendario electoral de las elecciones de 2026.

Según el informe, entre enero y abril del presente año se registraron 128 hechos de violencia, de los cuales el 44,5 % estuvieron dirigidos contra liderazgos políticos. Del total de incidentes, el 42,2 % correspondió a acciones letales —atentados y asesinatos—, concentrados principalmente en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), donde persiste una alta vulnerabilidad institucional.

El análisis territorial evidenció que los hechos de violencia se concentraron en 74 municipios de 23 departamentos. Seis de ellos —Cauca, Huila, Norte de Santander, Bogotá D.C., Córdoba y Valle del Cauca— agrupan el 53,1 % del total de casos reportados. Particularmente, los departamentos de Cauca, Bolívar, Antioquia y Valle del Cauca concentran el 42,6 % de las agresiones letales, lo que subraya la necesidad de intervenciones focalizadas en estas regiones.

Ante el panorama de riesgo que enfrentan los liderazgos políticos de cara a las elecciones de 2026, la MOE propuso a la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento articular de manera urgente y efectiva el Plan Nacional de Garantías Electorales con las estrategias de paz y seguridad del Estado. Esta articulación debe ser operativa, con enfoque territorial y diferencial, e incluir de forma activa a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en las comisiones nacionales y territoriales de seguimiento, especialmente en zonas con presencia de grupos armados ilegales y procesos de negociación en curso.

Asimismo, se recomendó la instalación inmediata del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral – CORMPE, encargado de activar esquemas de protección para candidaturas con base en niveles de riesgo y alertas tempranas. Esta instancia debería complementarse con mesas de garantías con enfoque político, que faciliten el diálogo directo entre autoridades, partidos de oposición, independientes y precandidaturas, permitiendo adoptar medidas concretas de protección y garantizar condiciones reales de participación.

El informe también advirtió sobre el deterioro del debate público, evidenciando una creciente radicalización que pone en riesgo la competencia democrática. Tal como lo ha venido alertando la MOE, “la estigmatización del adversario y la proliferación de discursos de odio agravan la inseguridad para quienes ejercen liderazgos políticos. La transición de una polarización hacia la radicalización del discurso convierte al oponente en un enemigo, alimentando entornos hostiles y peligrosos para la participación política”, indicó Frey Muñoz, subdirector de la MOE.

De cara a las elecciones de 2026, estos riesgos se ven amplificados por el uso intensivo de redes sociales e inteligencia artificial, que han facilitado la proliferación de desinformación y narrativas polarizantes. Esta dinámica amenaza la integridad del proceso electoral y debilita la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Por ello, la MOE instó al Consejo Nacional Electoral a asumir un rol proactivo en la regulación y vigilancia del uso de estas herramientas digitales durante la campaña, promoviendo medidas que garanticen la transparencia, la rendición de cuentas y una deliberación pública informada. Entre las recomendaciones se incluyó la adopción de lineamientos técnicos para el monitoreo de contenidos, la articulación con plataformas tecnológicas y autoridades competentes, y el fortalecimiento de la alfabetización digital de la ciudadanía, a fin de salvaguardar los principios democráticos y la confianza en el proceso electoral.

Finalmente, la MOE hizo un llamado a todos los actores institucionales y políticos a reconocer la gravedad del contexto actual, asumir compromisos concretos frente a la violencia y radicalización, y trabajar de manera articulada para garantizar que el proceso electoral de 2026 sea libre, seguro y democrático.

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