Informe primera Comisión de Seguimiento Electoral Nacional
- 25 Grupos significativos de ciudadanos ya están registrados, pero su información sobre financiación no será pública para la ciudadanía.
- El 96% de los $479 mil millones que costaron las campañas en 2015 fueron de origen privado.
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Bogotá 16 de noviembre de 2018. En el marco de la primera Comisión de Seguimiento Electoral para las elecciones locales de 2019, la Misión de Observación Electoral-MOE señaló su preocupación sobre el posible uso de los grupos significativos de ciudadanos (GSC) como un medio para hacer campaña extemporánea y gastar recursos de campaña sin tener que reportarlos, así como también sobre la necesidad de aumentar los controles a la financiación de las campañas y a la inscripción de cédulas para evitar la trashumancia electoral característica de las elecciones locales.
Según el informe que la MOE presentó a la comisión, existen cuatro temas que deben ser prioritarios en la planeación que las distintas autoridades deben comenzar a hacer de cara el próximo proceso electoral independientemente de los cambios que pueda llegar a traer la reforma política que se tramita actualmente en el Congreso.
Sobre esta reforma, la MOE solicitó expresamente a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, la necesidad de abrir una mesa de diálogo con los ponentes y así buscar salidas que eviten el hundimiento de esta iniciativa.
Grupos significativos pueden ser usados para evitar la regulación de publicidad y financiación.
Según el informe de la MOE, la precaria regulación de los GSC podría generar que se utilice este mecanismo como un medio para hacer campaña extemporánea y gastar recursos de campaña sin tener que reportarlos.
A menos de un mes del comienzo del calendario electoral la Registraduría informó que ya hay registrados 25 SGC. Según los datos entre 2011 y 2015 se pasó de 213 comités inscritos para recolectar firmas a 810 (un crecimiento del 380%), y que el número de comités que presentó las firmas varió de 199 en 2011 a 307 en 2015; esto da a entender la necesidad comenzar a ejercer un control estricto a la financiación de este número creciente de comités.
Según Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE, “no encontramos ningún impedimento para que el CNE exija y disponga de los mecanismos necesarios para que los grupos significativos de ciudadanos reporten, no solo los ingresos y gastos efectuados en el marco de las campañas electorales, sino también lo correspondiente al proceso de recolección de firmas”.
Necesidad de hacer seguimiento a la inscripción de cédulas
Teniendo en cuenta que para las elecciones Presidenciales la MOE había advertido sobre 134 municipios en 23 departamentos que presentaban un número mayor de ciudadanos inscritos para votar que habitantes, la organización señaló la importancia de que tanto las autoridades electorales como la Fiscalía General de la Nación realicen los ajustes necesarios para rastrear oportunamente la inscripción de cédulas y la posible “trashumancia electoral” que se pueda presentar.
Al no tener acceso a la plataforma censo Web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la MOE no pudo entregar el informe de seguimiento que en cada proceso electoral realiza a las atipicidades en la inscripción de cédulas. En ese sentido, la organización solicitó nuevamente el acceso correspondiente y así iniciar el monitoreo a la conformación del censo electoral.
Por otra parte, la MOE solicitó al DANE la publicación del censo poblacional de 2018, pues el análisis comparado de este censo versus el electoral permite encontrar municipios que tienen comportamientos atípicos indicativos de posibles anomalías o irregularidades.
Control a la financiación de Campañas como medida anticorrupción
La necesidad de adelantar un monitoreo y control exhaustivo de los recursos que ingresan a las distintas campañas electorales debe ser una prioridad para el Estado en estas elecciones. La MOE recordó que para 2015, según el aplicativo Cuentas Claras, las campañas electorales a todos los cargos tuvieron un costo de $479 mil millones, de los cuales solo el 0,2% ($734 millones) fue financiado mediante anticipos estatales y otro 3,6% ($17 mil millones) a través de créditos bancarios, lo que quiere decir que el 96% de la financiación ($461 mil millones) fue dinero de origen privado.
Para Alejandra Barrios, “tal y como se presentó en la investigación «Democracias Empeñadas» un total de 485 financiadores de campañas políticas a alcaldías y gobernaciones en el 2015 donaron 4.400 millones y recibieron contratación pública posterior por un monto total de 169 mil millones de pesos. De hecho, encontramos que 267 de los financiadores anteriormente mencionados efectuaron contratos pese a haber superado el máximo tope del 2% permitido de donación”.
Para la MOE en unas elecciones con más de 100 mil candidatos es necesario adoptar al menos tres medidas: 1) Cruzar los reportes hechos por las campañas electorales en los libros contables con la reportada en la herramienta CUENTAS CLARAS; 2) en la medida en que el Consejo Nacional Electoral carece de presencia territorial, es necesario el trabajo coordinado con entidades e instituciones como la Policía Nacional, Ministerio Público y la Fiscalía General de la Nación que tienen presencia en los municipios; 3) Hacer uso de las facultades de inspección a las campañas sin previo aviso, priorizando aquellos casos sobre los cuales exista información sobre presuntas irregularidades.
Tribunales de Garantías Electorales
La Misión de Observación Electoral ha insistido en la importancia de contar con un mecanismo para el control de las campañas electorales en los territorios, por lo que destaca la necesidad de contar con Tribunales Electorales con la capacidad, formación, credibilidad e independencia para cumplir con sus funciones.
Comisión de seguimiento electoral 2019
En ese sentido, la MOE solicitó celeridad en la constitución de los Tribunales de Garantías para que con suficiente antelación puedan hacer un control efectivo del desarrollo de las campañas en lo que se refiere a publicidad, financiación e inscripción de cédulas.
Para Barrios, “hemos observado con preocupación la desconexión existente entre el trabajo que realizan los Tribunales en el orden regional y la Comisión Nacional, así como la necesidad de mayor diálogo con la Fiscalía General de la Nación, quien en virtud de la ley 1864 de 2017 también investiga la financiación de campañas”.
Finalmente, la MOE solicitó criterios mínimos de transparencia y publicidad en la elección de los miembros de los Tribunales de Garantías para lo cual solicitó el acompañamiento del Procuraduría General de la Nación en el proceso de convocatoria y selección.
La MOE tiene previsto hacer observación a las elecciones locales de 2019 en los 32 departamentos, cubriendo al menos 570 de los 1.102 municipios del país con observación nacional e internacional. Para ello se espera tener entre 3.500 a 4.000 observadores en calle, coordinados por 35 regionales, incluyendo la capital del país, San Andrés y Providencia.
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