Palabras de Alejandra Barrios Cabrera, directora nacional de la MOE, en el Seminario Internacional “Democracias fragmentadas” a propósito de las elecciones locales de 2019.
Si bien este es el segundo seminario internacional que se hace sobre temas electorales, es el primero desde que tengo memoria en donde 35 organizaciones de la sociedad civil declaradas en plataforma de observación electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, tomamos la decisión de hacer un evento en año electoral para reflexionar sobre la democracia colombiana.
Tomamos la decisión de no hacer solos esta reflexión. Tenemos amigos y amigas en diferentes países de América Latina que nos van a ayudar a mirarnos como espejo durante estos dos días. Amigos que vienen de México, Venezuela, República Dominicana, Argentina, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Salvador, Perú, Estados Unidos y Nicaragua que lamentablemente no pudo llegar.
Esperamos que con ellos y con alrededor de 200 personas expertas invitadas que vienen de todo el país, podamos hablar sobre las próximas elecciones y reflexionar de por qué estamos en un proceso electoral, frente a una democracia fragmentada, no solo en Colombia sino en América latina.
¿Por qué democracias fragmentadas?
La fragmentación es el proceso por el cual un objeto grande se divide en varios de diferentes tamaños, y así vemos nosotros nuestra democracia en América Latina.
Cuatro grandes autopistas hoy marcan nuestros procesos electores y la democracia en nuestros países. Las redes sociales, la corrupción, la violencia y los procesos electorales que terminan señalando cual es la calidad de nuestra democracia.
No podemos hablar de redes sociales si no hacemos una reflexión sobre la libertad de expresión, no podemos hablar de corrupción si no hablamos de transparencia y acceso a la información, no podemos hablar de violencia si no hablamos de garantías, seguridad, libertad y no podemos hablar de elecciones si no hablamos de que estas sean libres y auténticas.
Las elecciones no son solo un tema de las autoridades electorales, de los partidos políticos, o de sus candidatos, este es más bien un tema de los ciudadanos. En cada rincón de este país desde el 2006 todas las organizaciones, universidades, instituciones, ciudadanos y ciudadanas, tomamos la decisión de seguir recuperando la democracia de las manos de los corruptos y de los violentos.
El ejercicio que vamos a hacer más de 3000 ciudadanos a finales de este año es precisamente la recuperación nuevamente, para la ciudadanía, para la libertad, para la paz, del ejercicio electoral.
Pero no podemos ver este proceso electoral únicamente desde una mirada de participación ciudadana. Cuando nosotros vemos el proceso electoral que se realizará este año, lo vemos fracturado en un tríptico de tres grandes paneles, el primero la violencia, el segundo la corrupción y el tercero la gobernabilidad y estabilidad democrática
Primero la violencia …
Firmado el proceso de paz creo que todos los que estamos aquí presentes nos imaginábamos procesos electorales en donde sin importar la postura ideológica, el partido político al que se perteneciera, podíamos tener debates inteligentes y tolerantes, y asistir a las urnas a tomar decisiones en un escenario de tranquilidad territorial.
Lamentablemente desde el año pasado la crisis de la violencia nos ha recordado que seguimos en un país en donde los procesos electorales no pasan en tranquilidad, las amenazas, los secuestros, las desapariciones, la violencia letal como los atentados y los asesinatos, hoy hacen parte latente de este ejercicio electoral.
Desde el pasado 27 de octubre cuando empezó a correr el año electoral, hasta marzo 28 de este año, 126 hechos de violencia contra líderes políticos sociales y comunales se han presentado, el 52% de estos hechos están dirigidos contra líderes políticos, entendidos estos como precandidatos, como funcionarios públicos que tienen responsabilidades dentro del proceso electoral, como funcionarios públicos electos de representación popular, pero la mayoría de las amenazas están dirigidas a los líderes sociales y líderes comunales, con esos líderes que desde lo local podrían haber sido los candidatos que se presentaron en las elecciones de este año, pero que la violencia no les permite la representación pública.
Entre más local es el liderazgo de los hombres y mujeres de este país, más letal es la violencia que se ejerce contra ellos. La Misión de Observación Electoral ha encontrado una correlación perfecta entre el incremento de los niveles de violencia y el calendario electoral a medida que avanza y se acerca el día de las elecciones.
En 241 municipios de este país tenemos presencia de grupos armados ilegales, 241 municipios de 1102, y en esos 241 municipios encontramos de manera combinada presencia del ELN, del EPL, disidencias de la de las FARC, grupos exparamilitares, narcotráfico, generando el combate entre estos grupos no solamente desplazamiento forzado sino poblaciones confinadas.
Todo esto se hace sobre unos territorios de disputa donde la Constitución de 1991 no ha logrado llegar, esto es parte del reto democrático que tenemos que reafirmar en cada proceso electoral. En cada uno de estos municipios, territorios y corredores, nos encontramos al mismo tiempo con economías ilegales, contrabando, narcotráfico y minería ilegal, todos ellos nutridos de recursos ilegales, que en proceso electoral se dispersan y se irradian en todo el país para financiar campañas electorales.
Lo segundo, la corrupción…
Entramos entonces aquí al segundo tríptico del análisis de estas elecciones, las finanzas electorales en este país no cuadran. Para las elecciones del 2015 los candidatos reportaron haberse gastado 160 millones de dólares, el Estado solo y exclusivamente financió a través de anticipos el 0.2%, los bancos el 3.6% y el 96% de la financiación de las campañas políticas que reportaron los gastos, fueron o de dinero propio de los candidatos o de prestamistas privados.
Cuando el 96% de la financiación de las campañas políticas provienen de los bolsillos de los mismos candidatos o de prestamistas privados y no del sistema financiero, claramente le estamos abriendo las puertas a la corrupción y estamos entregando el Estado al servicio de intereses privados, de intereses corporativos y de intereses corruptos.
Entre junio del año pasado y marzo de este año, los medios de comunicación reportaron cada día una noticia nueva sobre un hecho de corrupción que no se repite frente a los anteriores reportados, de acuerdo con el análisis que hace la Misión de Observación Electoral, solamente a ojo de buen cubero, estaríamos hablando de que en los últimos 9 meses más de 60 millones de dólares se han ido a través de la corrupción en dónde están involucrados o empresarios privados o funcionarios públicos.
Tenemos hoy producto de estos 9 meses haciendo seguimiento a las noticias, 40 funcionarios condenados, 167 investigados.
¿Cuál es la respuesta del Congreso de la República a este reto que se nos plantea frente a la corrupción?
11.6 millones de ciudadanos salieron a decirle a la clase política de este país, que era necesario, que era urgente que entendiéramos que el tema de la corrupción es inaceptable, que como ciudadanos no podíamos seguir en un país en donde se iba incrementando la violencia y al mismo tiempo no lo iban robando.
La respuesta del Congreso de la República fue hacer plan tortuga en las diferentes propuestas legales en las que se adoptan medidas frente a la corrupción, medidas serias, medidas que tienen que poner límites, medidas que logran interpretar el sentir de los colombianos.
Una segunda reforma que se tenía que adoptar para poder seguir avanzando en transparentar el ejercicio de la política en este país, era la relacionada con la reforma política.
Empezamos el debate el año pasado y el Congreso de la República nuevamente ha logrado hacer lo que parecía impensable, dio un giro de 360 grados y hoy estamos frente a una propuesta de reforma política que es inaceptable, que no cambia nada, que no le pone límites a los partidos políticos, que no transparenta el ejercicio de las financiaciones de las campañas políticas, que termina permitiendo que no haya democracia interna dentro de estas organizaciones.
¿Eso qué significa?
Que hoy no tenemos incentivos, ni las organizaciones políticas tienen incentivos para NO avalar criminales, para informar a la autoridad electoral sobre los recursos, para que la autoridad electoral pueda controlar de manera efectiva, real, el ingreso de recursos ilegales e ilícitos a las campañas políticas, tampoco tienen mecanismos para verificar el origen, el monto y el destino de la financiación de las campañas.
Creo Elisabeth (Elisabeth Ungar) que todos estos años que usted ha trabajado por la transparencia y la financiación de las campañas políticas, el Congreso de la República no ha dado respuesta, ni ha escuchado su voz.
Economías ilegales, corrupción, falta de voluntad política para las reformas, una autoridad electoral que se queda sola tratando de sacar procesos adelante sin las herramientas que le da el Congreso para poder hacer la verificación técnica, a tiempo, con presencia nacional; un Ministerio de Hacienda que no apura la entrega de los recursos para poder tener tribunales en el nivel territorial, es el mejor puntero para poder seguir diciendo que en Colombia la financiación de las campañas políticas siguen siendo una caja negra, en donde no se va a poder saber de dónde y cómo es su contenido.
De tercero, la estabilidad democrática y gobernabilidad…
Obviamente esto tiene un impacto sobre el tercer tríptico de nuestro telón de fondo, de nuestra democracia fragmentada, estabilidad y gobernabilidad. Vamos a elegir 1101 alcaldes, 32 gobernadores, 12063 concejales, 418 diputados, 4765 miembros de las juntas administradoras locales.
Hace 4 años tuvimos casi 112 mil candidatos. La registraduría espera alrededor 130 mil candidatos, es decir nos tienen de verdad apurados, un censo electoral de 2015 con 35 millones de personas que se incrementan cada día y una lentitud en la forma en cómo vamos viendo que se toman decisiones para poder avanzar en una mayor transparencia.
¿Eso en que se traduce?
Se traduce en que hoy tenemos 736 Grupos Significativos de Ciudadanos que están recogiendo firmas en todo el país y no sabemos de dónde sacan la plata, poniendo propaganda electoral, sin mayor control, en donde se espera que solamente máximo el 30% realmente presente cuentas a la autoridad electoral y presente firmas para su revisión. Hay que agregar el tema de las coaliciones, que hace muchísimo más difícil el control de la gobernabilidad local.
Obviamente las decisiones que tomemos el próximo 27 de octubre impactan la calidad de nuestra democracia, ya la han impactado.
En cuatro años dos alcaldes destituidos en Cartagena nos tienen que decir algo, 10 alcaldes en los últimos cuatro años gobernando la ciudad que es la puerta de entrada y orgullo nacional colombiano, dos gobernadores destituidos de los elegidos del 2015, todos los consejos de Armenia, Neiva, Cartagena, Ibagué, destituidos o investigados de manera particular por las elecciones internas de los procuradores.
Cómo se pueden gobernar ciudades, departamentos, cuando no escogemos a las personas idóneas, porque esas personas idóneas no son productos de procesos democráticos de las organizaciones políticas, donde no se considera la posibilidad de poder financiar las campañas y donde el tema de género pareciera que no es importante en lograr equilibrar, no solamente el acceso de la mujer al ejercicio de la política, creo que están cansadas de acceder al ejercicio de la política, es a la representación real, al poder real, en donde los partidos políticos se ha negado a hacer reformas.
En el 2015 tuvimos en la semana electoral 74 asonadas en 72 municipios, claramente la Misión de Observación Electoral está lista para apoyar a las autoridades, a la Policía, a la Defensoría del Pueblo, para poder hacer las alertas tempranas y poder terminar los procesos electorales y los escrutinios con tranquilidad. Estamos comprometidos con un fortalecimiento de la institucionalidad Electoral.
Creemos en un Consejo Nacional Electoral que tenga capacidad de sanción, de control real, con los suficientes recursos para que pueda hacerlo de manera efectiva en este proceso electoral, estamos convencidos de que una Registraduría Nacional del Estado Civil que tenga la capacidad de hacer todo el despliegue con las herramientas tecnológicas auditadas necesarias, va a permitir que los votos de los ciudadanos cuenten y sean bien contados, confiamos en las decisiones del Consejo de Estado.
Pero para que todo esto sea posible claramente necesitamos una institucionalidad fuerte en donde todos los ciudadanos y ciudadanas nos comprometamos en promover en el Congreso de la República las reformas necesarias, para poder ir avanzando en procesos electorales más transparentes
No puedo terminar esta intervención sin hablar de las redes sociales, sin hablar de las campañas negras. En los últimos días en Bogotá quizás vimos el ejemplo por excelencia de una campaña negra frente a la organización política del Partido Verde. Que sea este momento para señalar que uno de los mayores ejemplos de eficacia que puede hacer la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, a través de una petición expresa del Consejo Nacional Electoral, es identificar aquellas personas o grupos de personas que tienen los recursos y la capacidad logística para poder poner en la capital de la República a ojos de todos, afiches, pancartas de candidatos, llamando a un engaño frente a las formas de enfrentar las consultas que se realizará a finales del próximo mes de marzo.
Un hecho tan evidente no puede pasar de agache en este proceso electoral y el debate de redes sociales. La libertad de expresión, la intolerancia y noticias falsas, son un gran reto y para eso vamos a tener una mesa en la que confiamos que a través del diálogo y la discusión vamos a empezar a entender cómo funciona esa nueva ciudadanía, en donde el centro de la información no se encuentra solamente en los medios de comunicación tradicional, dónde estás se abren a que los ciudadanos también informen, y quizás el mayor reto que ahí tenemos es tener ciudadanos formados, educados, para que tengan la capacidad de valorar la forma en cómo se expresan en sus comunidades, el impacto que tienen a través de sus comentarios en el ejercicio de la democracia, sobre todo en los procesos electorales.
A todos ustedes gracias, esperamos que estos dos días preparados por el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría, por el equipo de la MOE, sean espacios de reflexión sobre el funcionamiento de la democracia colombiana.
Así queda abierta la discusión, y a los observadores electorales de octubre en la calle nos vemos.
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