Cada cuatro años los hoy más de 36 millones de ciudadanos colombianos son convocados a las urnas para elegir a sus representantes ante la Rama Legislativa del poder público. Desde el punto de vista de una república, que reconoce al pueblo o a los ciudadanos como la fuente de toda autoridad, la elección legislativa es crucial. De las tres ramas del poder público, la legislativa es la que indica los lineamientos de lo que el Estado tiene que hacer. La ciudadanía a través de sus representantes los congresistas, y estos a través de las leyes, estipulan todo el tiempo lo que el Estado y la sociedad deben y no deben hacer; lo que pueden y no pueden hacer. La Rama Ejecutiva (el Gobierno), en teoría, se limita a ejecutar aquello que le dice el Congreso a través de la ley. Y la Rama Judicial se encarga de velar por el cumplimiento de esas leyes y de que se haga justicia si se contravienen.

No obstante, el peso del ‘presidencialismo’ en la cultura política colombiana es tal, que la ciudadanía menosprecia la importancia del Congreso. La campaña electoral a la Presidencia (votada dos meses y medio después del Congreso) suele opacar la campaña legislativa, y existe entre la ciudadanía la percepción de que el Presidente de la República es todo poderoso, de que es el único responsable de todo lo que marcha bien o mal en el país. Por su parte, el Congreso suele ser una de las instituciones más impopulares del país según las encuestas de opinión. La calidad de ‘representantes legítimos del pueblo colombiano’ que deberían ostentar los congresistas es todo el tiempo cuestionada por gigantescos escándalos políticos como la infiltración del narcotráfico desde los años 80 (es tristemente icónica la imagen de Pablo Escobar sesionando como suplente en la Cámara de Representantes entre 1982 y 1983), el Proceso 8.000 en los años 90 o la parapolítica en los años 2.000.

Al menos cuatro congresistas electos en 2014 terminaron sus periodos tras las rejas, dos de ellos con condenas de primera instancia por delitos que van desde la corrupción hasta el homicidio y la alianza con bandas criminales; y una representante a la Cámara que saltaba al Senado en 2018 no pudo posesionarse por encontrarse presa por presuntos delitos electorales en las elecciones de este año. Los 11 millones y medio de votos de la Consulta Anticorrupción, votada un mes después de la posesión del Congreso y orientada a hacer más transparente el comportamiento de los congresistas, es diciente del estado de impopularidad que tiene el legislativo colombiano, así como el hecho de que en 2018 celebremos una ‘votación histórica’ en las elecciones legislativas, en la que aún la mitad de la ciudadanía (18 millones de colombianos) se siguen absteniendo de votar por los congresistas.

Toda esta mala imagen es lamentable para una corporación que cumple una función tan crucial para la sociedad, y que cuenta con muchos miembros verdaderamente empeñados en llevar a cabo su función con responsabilidad y entrega, pero que se ven todo el tiempo opacados por los mencionados escándalos. Por este motivo, 7 Senado de la República y Cámara de Representantes Resultados electorales Elecciones legislativas: para la Misión de Observación Electoral es fundamental ayudar al fortalecimiento pedagógico de la ciudadanía, acercando instituciones como el Congreso de la República y su proceso de elección a los colombianos que tienen la responsabilidad de elegirlo y exigirle que cumpla con su mandato.

En las siguientes páginas, la MOE presenta los datos que le dan cuerpo a uno de los procesos electorales más complejos del país, tanto por el volumen de candidatos que se presentan como por la magnitud de los intereses que están en juego. La MOE espera que la ilustración de estos datos motive a la ciudadanía a ser cada vez más responsable con el poder de su voto y a los representados, a rendir cada vez más cuentas sobre su función democrática, para que este libro se convierta en otro aporte a la construcción y el fortalecimiento de la democracia colombiana.

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