- En los días previos y durante la jornada electoral, la hostilidad en la conversación digital escaló. Esto reforzó un clima de polarización y contribuyó a presentar las elecciones como una disputa existencial entre sectores políticos.
- La MOE identificó una tendencia al uso recurrente de acciones judiciales y la formulación de denuncias como herramientas de proselitismo.
- La organización recomendó que el Congreso emita una Ley Estatutaria para brindar claridad respecto de los límites a la intervención de los funcionarios públicos en el debate político y electoral.
- La observación electoral fue posible gracias al trabajo de las 34 coordinaciones regionales de la organización y al compromiso de miles de observadores y observadoras.
Bogotá D.C., 3 de julio de 2026. La Misión de Observación Electoral —MOE— presentó su Informe Preliminar correspondiente a la segunda vuelta de las elecciones a la Presidencia de la República, celebrada el 21 de junio. El documento, elaborado a partir del monitoreo técnico e independiente hecho por la organización, entre el 1º y el 25 de junio, ofrece un balance integral sobre el contexto político-electoral, las condiciones de competencia, la conversación digital y el proceso de escrutinio.
“En este informe resaltamos la solidez operativa y la precisión técnica en el procesamiento de la voluntad ciudadana. También alertamos ciertos temas que nos parece que merecen una atención especial, por ejemplo, la degradación del debate público, la opacidad en estrategias publicitarias paralelas y la persistencia de focos de violencia contra líderes políticos y la prensa en los territorios”, dijo Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE.
La MOE destacó la rapidez y avance en el proceso de preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Los ejercicios de observación que realizó la organización permiten concluir que el proceso de preconteo y el escrutinio definitivo coincidieron en más de un 99,99 %, lo que demuestra un alto nivel de simetría técnica y trazabilidad.
Asimismo, los análisis estadísticos basados en modelos aplicados desde 2007 permitieron descartar que, en estas elecciones, la presencia o el accionar de grupos armados ilegales haya alterado de forma estructural el resultado de la votación. “A lo largo del proceso electoral, la MOE recibió distintos reportes de actos de control social y constreñimiento por parte de grupos armados. No obstante, los estudios realizados muestran que la atipicidad estadística y la alta participación en zonas de conflicto reflejan para este proceso electoral altos grados de cohesión e identificación ciudadana, y no la subordinación a las armas” explicó Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político-Electoral de la MOE.
De otra parte, la organización hizo énfasis en una tendencia marcada a trasladar la contienda desde los escenarios tradicionales de debate programático hacia controversias jurídicas de alto impacto mediático. “Durante el periodo entre la primera y la segunda vuelta se evidenció el uso recurrente de acciones judiciales y la formulación de denuncias como herramientas de proselitismo, con un efecto significativo en el debate público al amplificar la confrontación política en medios de comunicación y redes sociales”, señaló Frey Alejandro Muñoz, subdirector de la MOE.
En relación a la conversación digital, a partir de una revisión automatizada de las publicaciones recolectadas por el sistema eMonitor+, implementado por la MOE, PNUD Colombia y la FLIP, el monitoreo identificó un deterioro progresivo de la misma durante la segunda vuelta presidencial. “En los días previos y durante la jornada electoral, la hostilidad escaló del insulto y la descalificación hacia narrativas de criminalización, deshumanización y estigmatización del adversario, incluidas expresiones constitutivas de discursos ofensivos o de odio por razones de género y pertenencia étnico-racial”, advirtió Danilo Sepúlveda, coordinador de Inclusión y Diversidad de la MOE.
Asimismo, el informe indica que se intensificaron narrativas de fraude y desconfianza electoral que reforzaron un clima de polarización y contribuyeron a presentar la contienda electoral como una disputa existencial entre sectores políticos, atravesada por cuestionamientos generales a la legitimidad del proceso y de sus resultados.
En cuanto a las afectaciones violentas en contra de liderazgos, la MOE identificó que estas se registraron en 29 departamentos, concentrándose en Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá. De manera particular esta organización condenó de forma particular y vehemente el asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta el pasado 6 de junio, hecho que puso en evidencia el riesgo para el libre ejercicio periodístico en el país.
En materia de observación electoral con enfoque diferencial, la MOE resaltó que, salvo algunos casos puntuales, la jornada brindó condiciones para el ejercicio del derecho al voto de personas trans y personas con discapacidad. “Sin embargo, persisten retos que requieren atención por parte de la organización electoral, especialmente en la inclusión de estos sectores en la organización del proceso, el fortalecimiento de la capacitación sobre trato digno en los puestos de votación y la garantía efectiva de medidas que permitan votar sin barreras ni discriminación”, aseguró Sepúlveda.
La organización formuló recomendaciones con miras a los comicios locales de 2027. En particular, para la retroalimentación con los actores interesados a través de la realización de mesas técnicas conjuntas para el diseño de los documentos y materiales electorales, incluidos los afiches informativos y los formularios E-14. Asimismo para el fortalecimiento tanto de la capacitación brindada a jurados electorales, como de los controles de ingreso y permanencia en los puestos para garantizar el principio de neutralidad (no uso de distintivos partidistas) desde la apertura de las urnas hasta el cierre de las votaciones.
Frente a la participación de funcionarios públicos en política, el subdirector de la MOE, Frey Alejandro Muñoz destacó, entre las diferentes recomendaciones que contiene el informe, la necesidad de que el Congreso emita una Ley Estatutaria para brindar claridad y certeza respecto de los límites a de la intervención de los funcionarios públicos, especialmente los de la rama ejecutiva, en el marco del debate político y electoral.
La MOE reiteró su agradecimiento a las 34 coordinaciones regionales de la organización, a los miles de observadores y observadoras, a las agencias de cooperación internacional y las organizaciones colombianas que respaldan su labor técnica, rigurosa e independiente. “Nuestro trabajo sería imposible sin su compromiso”, concluyó Barrios.
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