La Misión de Observación Electoral (MOE) presenta este estudio técnico diseñado para analizar de manera rigurosa la relación entre la presencia de actores armados y el comportamiento del sufragio en la ruralidad colombiana. El documento concluye de manera categórica que, aunque persisten riesgos graves de control social y constreñimiento en diversos territorios, no existe evidencia estadística que asocie de manera automática, proporcional o generalizada la injerencia de Grupos Armados Ilegales (GAI) con el aumento del caudal electoral de alguna de las candidaturas en contienda. Esta conclusión guarda una estrecha consonancia con la literatura académica reciente, particularmente con los hallazgos del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED)3 de la Universidad de los Andes.

A partir de la aplicación de tres modelos analíticos —incluida la metodología histórica de atipicidades de la MOE—, la investigación demuestra que el comportamiento del voto rural respondió principalmente a dinámicas organizativas locales, identidades históricas y liderazgos territoriales. Los análisis estadísticos revelaron coeficientes de determinación cercanos a cero y demostraron que, incluso en zonas bajo control armado hegemónico, se registraron triunfos contundentes de opciones ideológicamente opuestas a los grupos dominantes, lo que desvirtúa la hipótesis de una alineación electoral impuesta por la fuerza. Asimismo, las escasas atipicidades detectadas en el Cauca corresponden a procesos de alta cohesión social y representación sociológica de comunidades étnicas, y no a coerción armada.

Finalmente, el informe destaca que el crecimiento sostenido de la participación electoral rural, que alcanzó un histórico 64,39 % en la jornada de 2026, refleja un proceso de movilización democrática, apropiación de las urnas y mayor acceso electoral, más que un reflejo de presiones armadas. Con este estudio, la MOE hace un llamado urgente a superar las narrativas estigmatizantes sobre el campo —como la generalización del «voto fusil»— para, en su lugar, reconocer la autonomía política de las comunidades y garantizar plenamente las condiciones de seguridad y libertad para sus decisiones democráticas en los territorios.

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